El 22 de septiembre de 1949, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se sanciona el decreto Nº 29.337 que establece la suspensión del cobro de aranceles para los estudios universitarios. Comienza allí, sin duda, un nuevo camino para la educación universitaria en Argentina ya que la gratuidad, establecida como política de estado, pasó a garantizar la posibilidad real del ingreso a la universidad sin restricciones originadas en la capacidad económica de las y los estudiantes.
Un nuevo camino que siguió profundizándose en los años siguientes con la sanción de un nuevo decreto en marzo de 1952 que amplió ese derecho a todas las instituciones del ciclo superior de enseñanza y los ratificó a través de la Ley Nº 14.297 de 1954.
Esta legislación junto a la adopción de esta política de estado implicó un inmediato incremento de la matrícula estudiantil universitaria, que pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955 y a 206.032 en 1965, redundando también en el incremento del presupuesto de las Universidades Nacionales y la cantidad de profesores.
