NO A LA BAJA

Como pudo verse en los medios de comunicación en estos últimos días, desde el Poder Ejecutivo se está proponiendo, con el apoyo de sectores conservadores, una modificación en el régimen penal juvenil actual. Específicamente pretenden la baja de edad de punibilidad, de los 16 a los 13 años de edad, ampliando además la cantidad de años de cumplimiento de condena privados de libertad, a un máximo de 20 años.

Como se sabe, no es un tema nuevo sino que la opción del castigo y el encierro como respuesta al problema del delito ha estado en varias oportunidades vigente en el discurso de los/as políticos/as de turno. Aunque hasta el momento no tuvo el respaldo suficiente para su aprobación, es un tema que ciertos sectores ponen en agenda continuamente, buscando criminalizar a las infancias y juventudes de nuestro país.

Asimismo, sostienen en sus discursos afirmaciones que no son respaldadas por estadísticas reales, como que el delito juvenil ha ido creciendo en los últimos años y tiene un gran impacto en la cantidad de delitos actuales. Según las estadísticas publicadas por el Ministerio Público Fiscal, el delito juvenil ha ido disminuyendo en los últimos 14 años, en contraposición a los delitos cometidos por mayores de 18 años, que han aumentado notablemente. Además, es preciso mencionar que, entre les adolescentes, es aún inferior la cantidad de delitos cometidos por menores de 16 años^[1].

Por qué no bajar la edad de punibilidad:

• el delito juvenil ha disminuido en los últimos 14 años y es sumamente inferior al delito cometido por adultos.
• no hay evidencias que demuestren que la baja en la edad de imputabilidad impacte en el delito y en las condiciones de vida de lxs jovenes afectadxs
• sería inconstitucional y contraria a la legislación vigente en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes
• viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989): la privación de la libertad debe ser el último recurso, y va contra los lineamientos de Organismos Internacionales.
• se puede trabajar la comisión de los delitos desde una perspectiva que garantice los derechos de lxs jovenes, como sanciones alternativas, mediación, apoyo psicológico, trabajo comunitario, otras.
• las infancias y adolescencias de Argentina necesitan políticas de promoción y cuidado, mayor acceso a derechos, a espacios de protección, recreación, escucha, contención.
• no queremos más pibes presos, sino un Estado presente que cuide con responsabilidad las niñeces y adolescencias.

No podemos dejar de mencionar que, la totalidad de les adolescentes privados de la libertad en Argentina tienen una historia de vulneración de derechos previa (UNICEF, 2018), donde el Estado ha estado presente de manera frágil, o directamente ausente.

En este sentido, sostenemos que resulta prioritario refinanciar nuevamente las políticas dirigidas a infancias y adolescencias, que el actual gobierno nacional ha desmantelado, despidiendo a trabajadores/as de dichas áreas y desjerarquizando áreas cuyas políticas implicaban el cuidado de esta población. Entendiendo, además, que el Estado debe promover, proteger y garantizar derechos de NNyA; y no atentar contra ellos.

Así, no solo decimos NO A LA BAJA sino que también exigimos que el gobierno nacional presente las respuestas públicas necesarias para garantizar la reproducción material de niños, niñas y adolescentes, garantice el acceso de los mismos a una alimentación adecuada y nutritiva, a la educación y a la salud pública, propicie los recursos necesarios para que los grupos familiares atravesados por la pobreza reciban la asistencia necesaria para su subsistencia, entre la garantía de otros derechos básicos que hoy se encuentran avasallados.

En síntesis, exigimos un Estado presente, que cuide con responsabilidad a las infancias y adolescencias.

^[1] Ver Basallo y otras. (2024). Informe Breve del OPS ¿Qué muestran las estadísticas judiciales sobre el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires? Aportes para un diagnóstico basado en evidencia frente a la discusión legislativa de un nuevo régimen penal juvenil. FaHCE. UNLP.