Lucas Bilbao
Secretario de Investigación y Posgrado

Se torna difícil, en la coyuntura actual, conmemorar lo que implica el 50 aniversario del último golpe de Estado en Argentina. En los últimos años han tomado fuerza algunas polémicas acerca de lo sucedido en los tiempos del terrorismo de Estado, que llegan hasta la actualidad. Sin ser novedosas, las mismas parecen haber hegemonizado una parte de los discursos y representaciones de la prensa, pero también del “sentir de la gente”. Ello pareciera haber puesto en jaque aquellos consensos construidos desde la recuperación democrática a esta parte, fundamentalmente -y por ello preocupante-, los vinculados a la gravedad de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, es decir, por el Estado argentino.
Sin embargo, las multitudinarias marchas realizadas el día 24 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también a lo largo y ancho del país, motorizadas por organismos de Derechos Humanos, familiares de detenidas/os- desaparecidas/os, ex presas/os políticas/os, y que lograron sumar a un número importante de sectores de la sociedad civil, mostraron una potencia latente que subyace y que esas hegemonías también pueden horadarse. Con asombro quizás, confirmamos que esos consensos sostenidos en el tiempo no han perdido su vigencia.
El juicio por delitos de lesa humanidad que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, y que se transmitió entre 2022 y 2025 en las sedes de nuestra Universidad, puso al alcance de todas/os un conocimiento pormenorizado de los crímenes cometidos por las fuerzas represivas en la región centro de la Provincia de Buenos Aires. El posterior juzgamiento que recibieron los responsables -aun con el bajo número de condenas y alto número de absoluciones -, es una muestra de que la justificación al horror, el negacionismo sobre los hechos y el revisionismo instrumentado carecen de sentido, o al menos es necesario alzarse contra ellos.
Para quienes aún dudaban, o peor aún descreían, tuvimos un conocimiento mayor sobre los hechos del pasado. Supimos que a metros de nuestras viviendas, en cualquier ciudad de la región, se secuestró y detuvo gente que eran vecinos y vecinas. Se contabilizaron más de una docena de centros clandestinos de detención, donde alojaron prisioneros y prisioneras en condiciones inhumanas durante mucho tiempo. Muchas/os de ellas/os hoy están desaparecidas/os. Otras/os sobrevivieron y gracias a sus testimonios hoy conocemos cómo funcionaron esos espacios; quiénes fueron parte de los responsables de las torturas y vejámenes; cuáles las fechas en las que traían y se llevaban a las/os detenidas/os. Incluso, en algunos casos, supimos también que hubo civiles que prestaron servicios e inmuebles para los fines de la dictadura, no importa cuáles. Lo que aún nos cuesta explicar, entre otras cosas, son las lógicas de los circuitos represivos, de las detenciones, de quienes sobrevivieron y quiénes no. Cuestiones que -como sí supimos hace tiempo- no guardaron una lógica, ni respondieron a órdenes totalmente consensuadas, ni programadas. La autonomía con la que trabajó el aparato represivo, la ilegalidad desde la que forjó su accionar, la responsabilidad de los crímenes que la mayoría guardó tras un pacto de silencio, exigen todavía un cúmulo de respuestas que ni las víctimas, ni los familiares, ni quienes asumieron una ética militante de estas cuestiones y se plegaron a la búsqueda de verdad y justicia, están dispuestas/os a dejar a un lado.
Lo que ocurrió el pasado martes 24 de marzo en Tandil, expresó parte de este sentir: la sociedad volvió a poner en el espacio público que hay una memoria que no olvida lo sucedido sino que se sostiene, porque todavía hay miles de certezas por confirmar. Que la búsqueda de la verdad sobre los crímenes (que no terminamos de conocer), aún sigue vigente. Y que la justicia siempre es el horizonte. A diferencia de los responsables, la apuesta siempre fue y será el desarrollo de juicios justos con garantías (necesaria aclaración), sabiendo que el dolor oído en las narraciones en muchos casos resulta reparador y amplía el conocimiento sobre los hechos y las personas.
Lo vivido el 24 se hizo sobre la base de lo construido en estas últimas cuatro décadas. Paradójicamente, las narraciones que circulan desde hace un tiempo en las redes sociales y algunos medios de comunicación de cara a la conmemoración del 50° aniversario, retomaron muchas de las primeras consignas, de los años de la transición democrática. Su potencia se explica por la contundencia de las mismas y porque cuarenta -y cincuenta- años después, todavía siguen vigentes. Se le sigue pidiendo a los responsables: que digan dónde están los cuerpos de las/os desaparecidas/os, que sus familiares y la sociedad siguen buscando. Que digan cuál fue el paradero de las/os nietas/os apropiadas/os, para que recuperen su verdadera identidad. Que pongan a disposición de los familiares y la justicia los archivos con documentación institucional, para conocer y restituir.
Volvemos casi al inicio del terrorismo de Estado para desde allí rebatir los discursos oficiales actuales, justificatorios y hasta negacionistas. Hoy nuestras militancias se inscriben en una ética de una memoria que no olvida y pone a disposición todos los recursos posibles (humanos, materiales, intelectuales, institucionales), hasta alcanzar la verdad de lo sucedido y aquello que nos falta por conocer. Nuestro punto final es la justicia plena por las/os desaparecidas/os, las/os presas/os políticas/os, las/os exiliadas/os, las víctimas del terror de Estado. Sólo ahí van a cesar nuestros reclamos. Mientras tanto, seguiremos exigiendo y sosteniendo:
Que digan dónde están las y los desaparecidas/os.
Que se restituyan todas las identidades de las/os nietas/os que faltan.
Fueron 30 mil.

Como hace 50 años. Como hace 42 años. Como hace unos días.