Desde el Programa expresamos nuestra preocupación ante los recientes discursos de funcionarios públicos que ponen en cuestión el derecho a la educación de niñes y adolescentes en Argentina, derecho garantizado por numerosas normativas en la materia (Convención Internacional por los Derechos del Niño, Ley Nacional de Educación, Leyes de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras. Y que propugnan el trabajo infantil, prohibido por la Ley 26.390, por el Código Penal y por el Convenio con la OIT con rango constitucional.
Consideramos que el rol del Estado debe estar centrado en promover y garantizar el derecho a la educación por parte de todes les niñes y adolescentes del país, en igualdad de oportunidades y debe trabajar para erradicar las situaciones de trabajo y explotación laboral infantil, las cuales constituyen una grave vulneración de derechos.
En un contexto con 7 de cada 10 niñes pobres y ante el aumento de la indigencia infantil, resulta urgente que el Estado trabaje en la ejecución de políticas públicas de promoción de derechos y protección a las infancias y juventudes, con reflejo significativo en los presupuestos, acompañando su pleno desarrollo.
Nos sumamos a los planteos de la red de Consejos Locales de Niñeces y Adolescencias, como integrantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Tandil, junto a diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que se han manifestado en pos de los derechos de las infancias y adolescencias.
